Conflicto entre cocaleros

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Fue el propio Gobierno de Evo Morales quien estableció, a su llegada al poder, un límite de 12.000 hectáreas de coca para consumo legal. El anuncio realizado esta semana, la erradicación de 8.000 hectáreas de plantaciones, además de las críticas por desvío al narcotráfico que el presidente a realizado a los cocaleros de Chapare a los que dirige, hablan de la magnitud del problema en el que se está convirtiendo la coca en Bolivia. Fue el propio Gobierno de Evo Morales quien estableció, a su llegada al poder, un límite de 12.000 hectáreas de coca para consumo legal. El anuncio realizado esta semana, la erradicación de 8.000 hectáreas de plantaciones, además de las críticas por desvío al narcotráfico que el presidente a realizado a los cocaleros de Chapare a los que dirige, hablan de la magnitud del problema en el que se está convirtiendo la coca en Bolivia.

La agenda del presidente boliviano ha estado marcada esta semana por dos cuestiones trascendentes para el país. Por un lado ha acordado con la Central Obrera Boliviana (COB) la nueva Ley de Pensiones, que mantiene divididos a los sectores sociales por su escaso alcance y por la exclusión a la que se ha sometido a aquellos que no forman parte del COB. Por otra parte, sus críticas a los cocaleros de Chapare o la revuelta de los de Yungas, marcan una nueva política en lo que a la hoja de coca se refiere.

El Gobierno del MAS estableció, a su llegada al poder, una cuota de 12.000 hectáreas de plantaciones de hoja de coca legales que debían servir para abastecer el consumo legal interno completo. Para asegurar que se cumpliera dicho cupo, el Gobierno ha establecido un sistema de erradicación de las plantaciones ilegales que solo este año han destruido más de 5.000 hectáreas.

Los cocaleros de Yungas han bloqueado durante 9 días las carreteras que, desde la capital boliviana de La Paz, se abrían paso hasta las provincias de Beni y Pando. Solicitaban una ampliación de sus cuotas de siembra, algo que Morales no ha querido negociar. Sin embargo, dichos cocaleros también protestaban por lo que consideran un trato desigual del Gobierno hacia ellos en relación a los de Chapare, de cuyo sindicato es jefe el presidente Morales.

Los cocaleros de Yungas se quejan concretamente de que las campañas de erradicación se han centrado primordialmente en sus sembrados a favor de los de Chapare. En respuesta a sus protestas, los cocaleros liderados por Morales amenazaron con acudir al punto de bloqueo para enfrentarse a los revelados, que decidieron abandonar su protesta. Mientras tanto, morales insistía en asegurar que no había nada que negociar.

Lo que si ha hecho el presidente boliviano es reconocer que varios miembros de su sindicato desvían hoja de coca para el narcotráfico. El pasado sábado, en una reunión del sindicato cocalero de Chapare, Morales les regañaba abiertamente por la gran cantidad de coches de alta gama que podían verse en el exterior del lugar de reunión, algunos de ellos sin legalizar. Aseguraba que actitudes como esa hacen un flaco favor al país y perjudica a los propios cocaleros de cara a la imagen internacional que da el país.

A mediados de semana, Morales ha insistido en estos argumentos para asegurar que para finales de año, el Gobierno tiene intención de erradicar 8.000 hectáreas de plantaciones de coca. El combate contra los narcotraficantes en un país netamente pobre es compleja por falta de medios. Los narcotraficantes, con un negocio tan altamente lucrativo, están mejor preparados que los propios policías. El problema, en la lógica del Gobierno, solo puede resolverse en origen, en las propias plantaciones.

Sumando las 5.000 hectáreas de coca que han sido destruidas ya a las 8.000 que pretende erradicar el Gobierno, dan como resultado las 13.000 hectáreas ilegales. Esta producción supera incluso a las 12.000 hectáreas permitidas legalmente, lo que da un ejemplo de la manera en que la siembra de coca se ha desajustado en Bolivia. Las críticas por las facilidades que el narcotráfico encuentra en Bolivia no parten de la nada. Estos datos auguran un mal futuro para el país si no se sabe controlar el problema. Por el momento el Gobierno parece querer hacerse cargo del problema.

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